La controversia por la limpieza y el vaciamiento del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán llegó al Consejo de la Magistratura de la Nación. La legisladora provincial Silvia Elías de Pérez pidió formalmente que se analicen los hechos denunciados en torno al retiro y eventual destrucción de secuestros judiciales, documentación y elementos probatorios vinculados a causas penales, al considerar que el episodio podría revestir una gravedad institucional que excede el ámbito local y compromete la confianza pública en la administración de justicia.
La presentación fue dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y se apoya en la sucesión de acontecimientos que durante las últimas semanas colocaron al Tribunal Oral Federal de Tucumán en el centro de una crisis interna sin precedentes. En su escrito, la legisladora sostuvo que los hechos conocidos a través de publicaciones periodísticas que realizó LA GACETA ameritan una evaluación institucional por parte del organismo encargado de ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados federales.
El planteo de Elías de Pérez reconstruye parte de lo ocurrido a comienzos de mayo, cuando por disposición de la jueza subrogante cordobesa Cristina Giordano se llevó adelante un operativo de limpieza y vaciamiento de los subsuelos del edificio judicial de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco. Durante aquellas jornadas, camiones de Gendarmería Nacional retiraron una enorme cantidad de materiales acumulados durante décadas, entre ellos, armas, muestras de drogas, dinero, muebles, computadoras, documentación y secuestros judiciales correspondientes a distintas causas federales.
Lo que inicialmente fue presentado como una tarea de saneamiento y reorganización interna derivó rápidamente en una controversia judicial. Primero fue el Ministerio Público Fiscal el que pidió explicaciones sobre el destino de los elementos retirados y reclamó información sobre los criterios utilizados para su destrucción o descarte. Después, el secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal en la que cuestionó severamente el procedimiento y sostuvo que durante el operativo podrían haberse destruido o retirado pruebas pertenecientes a causas que aún permanecían en trámite.
La legisladora hizo especial referencia a uno de los episodios que más repercusión generó dentro del fuero federal. Según señaló en su presentación, la desaparición de 58 comprimidos de alprazolam que habían sido secuestrados en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes obligó al representante del Ministerio Público Fiscal Pablo Camuña a desistir de sostener la acusación durante un juicio oral, al no contar con la evidencia material necesaria para respaldar la imputación.
En ese contexto, Elías de Pérez sostuvo que la eventual pérdida, destrucción o alteración de elementos probatorios puede afectar no sólo el desarrollo de los procesos penales sino también garantías esenciales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Además, advirtió sobre la necesidad de determinar si existen otras causas que pudieran haberse visto comprometidas por la misma situación, especialmente aquellas en las que se encontraban bajo custodia judicial armas, estupefacientes, documentación u otros secuestros de relevancia probatoria.
Nueva jueza
La presentación adquiere una dimensión adicional porque se produce en medio de importantes cambios dentro de la integración del propio Tribunal Oral Federal. En las últimas semanas, la jueza Ana Carina Farías dejó de ejercer la subrogancia que mantenía en el cuerpo luego de alcanzar el plazo máximo de dos años previsto para ese tipo de designaciones. Su lugar fue ocupado por la jueza federal Marta Liliana Snopek, magistrada con larga trayectoria en el Tribunal Oral Federal de Salta y participación en numerosos juicios orales federales, incluidos procesos complejos vinculados a delitos de lesa humanidad, narcotráfico y lavado de activos. Snopek integra desde hace años la estructura de los tribunales orales federales del NOA y fue una de las magistradas que intervino en la implementación de los primeros juicios bajo el sistema acusatorio federal en Salta.
La llegada de Snopek ocurre cuando el tribunal atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos. A la polémica por el vaciamiento del subsuelo se suman la denuncia penal impulsada por Del Sueldo Padilla, que ya fue ratificada, los pedidos de informes formulados por la fiscalía federal y las discusiones internas sobre la custodia de elementos secuestrados. Todo ello se desarrolla además en un contexto de crisis edilicia que ya había obligado meses atrás al cierre temporario de una de las sedes judiciales debido a riesgos de electrocución e incendio.
En su presentación ante el Consejo de la Magistratura, la legisladora tucumana recordó que el organismo tiene competencia constitucional para ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados federales y, eventualmente, impulsar procedimientos de remoción cuando corresponda. Por ese motivo pidió que los antecedentes sean analizados con la atención y rigurosidad que exige la magnitud de los hechos denunciados.
La intervención de Elías de Pérez marca un nuevo escalón en un conflicto que ya dejó de ser una discusión interna del Tribunal Oral Federal de Tucumán. Con denuncias penales, cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal, posibles afectaciones a causas judiciales y ahora una presentación formal ante el Consejo de la Magistratura, el episodio comienza a proyectarse sobre los organismos nacionales encargados del control institucional del Poder Judicial. Mientras tanto, la principal incógnita sigue siendo la misma que plantean fiscales, funcionarios y empleados desde hace semanas: qué ocurrió exactamente con todo el material retirado del subsuelo del tribunal y si alguna prueba judicial desapareció definitivamente durante aquel operativo.